En medio de una crisis económica que afecta a la profesión abogadil, el Colegio Público de Abogados ha aprobado un presupuesto que ha generado un gran descontento. Este esquema de gastos, considerado exorbitante y desmesurado, se discute en la reciente Asamblea de Delegados, donde se pone en evidencia la desconexión entre las prioridades del oficialismo y las necesidades reales del sector.
Los opositores al presupuesto han señalado que su aprobación refleja una distribución de recursos que favorece estructuras burocráticas innecesarias y salarios desproporcionados, mientras que las urgencias del gremio quedan desatendidas. Este hecho ha suscitado un amplio debate sobre la responsabilidad de los dirigentes en tiempos de crisis.
Un Presupuesto que Ignora la Realidad
El Colegio de Abogados de la Capital Federal, en lugar de priorizar la asistencia a los profesionales en apuros, ha optado por un presupuesto que parece diseñado para beneficiar a una élite dentro del aparato institucional. Este tipo de decisiones ha llevado a muchos a cuestionar la gestión actual, acusando a los políticos que dirigen el colegio de usar los recursos como un botín electoral.
En la era digital, el Colegio mantiene cuatro edificios, incurriendo en costos significativos para seguridad y limpieza. Esta situación provoca interrogantes sobre quiénes realmente se benefician de esos contratos, mientras los abogados que ejercen a diario enfrentan una carga financiera creciente.
Un Debate Necesario y Urgente
La reciente aprobación del presupuesto se realizó sin un debate adecuado, lo que refleja una falta de transparencia en la gestión de Gil Lavedra. La premura con que se trató el tema y la negativa a desglosar el proyecto evidencian una estrategia destinada a consolidar el poder, a expensas de una administración responsable y efectiva.
Es vital que la comunidad abogadil y la sociedad exijan respuestas claras y acciones correctivas. No se puede permitir que en tiempos de crisis se destinen recursos de manera discrecional y ajena a las verdaderas prioridades del gremio. Este despilfarro no debe ser la norma, especialmente cuando hay colegas enfrentando dificultades económicas.
La Responsabilidad Colectiva
La situación actual exige una reflexión profunda sobre cómo se gestionan los recursos en el Colegio de Abogados. La comunidad debe unirse para demandar un cambio en la dirección, asegurando que el presupuesto sea un reflejo de las necesidades del sector y no un mero instrumento de poder.
Es crucial que todos los abogados se informen y participen en la defensa de sus derechos, promoviendo una gestión más justa y equitativa. Solo así podremos garantizar que el Colegio esté al servicio de quienes realmente ejercen la profesión y enfrentar juntos los desafíos que se presentan en el camino.
